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Eran los años duros de la Revolución francesa. Con estos hechos, la cruda realidad venía, en muy poco tiempo, a desvelar lo que ya algunos tuvieron siempre claro: cuando la libertad, sin más apelativos, se convierte en el bien más preciado para una sociedad, y la simple razón humana adquiere la categoría de razón última, sólo una cosa está garantizada: la persecución del hombre por el hombre, hasta las últimas consecuencias.

Las democracias occidentales, que se reconocen a sí mismas desde su fundación como herederas de la Revolución francesa, no están en absoluto exentas de ese pecado original. Va de suyo, por tanto, que en su ordenamiento jurídico se contemplen aberraciones de todo tipo justificadas por el continuo avance hacia una sociedad mejor, en la que el hombre, dueño y señor de todos los derechos que imaginarse puedan, llegará al culmen del progreso. Desde el puro ámbito de la razón humana (huérfana de cualquier otra guía o limitación) es impensable ese señorío del hombre sobre el mundo si no cabe en él la posibilidad de controlar la vida y la muerte. Si ese hombre del futuro post-nietzschiano no es capaz de regular a voluntad la vida que de él depende ¿dónde queda su absoluta autonomía? ¿dónde su libertad omnímoda?.

A este respecto, no está de más recordar las palabras del Cardenal Marcelo González, a la sazón Primado de España, ante el referéndum sobre la Constitución en 1978:

En relación con el aborto, no se ha conseguido la claridad y la seguridad necesarias. No se vota explícitamente este “crimen abominable” (Conc. Vat. II). La fórmula del artículo 15: “Todos tienen derecho a la vida”, supone, para su recta intelección, una concepción del hombre que diversos sectores parlamentarios no comparten. ¿Va a evitar esa fórmula que una mayoría parlamentaria quiera legalizar en su día el aborto? Aquellos de quienes dependerá en gran parte el uso de la Constitución han declarado que no.

A la vista de todo esto ¿no suenan huecas las voces de quienes apelan a la inconstitucionalidad de la ley para combatir el aborto?. Reconozcámoslo de una vez por todas: sin voluntad política de cambio, de un profundo cambio que permita adecuar el ordenamiento constitucional a los principios básicos de una antropología verdaderamente cristiana, la batalla jurídica está perdida de antemano. Por eso, los verdaderos defensores de la vida no podemos ofrecer nuestro apoyo (de ningún tipo) a partidos políticos o movimientos cívicos que no estén dispuestos a luchar desde el minuto cero por ese cambio. Por eso nuestra lucha, en el terreno de la res publica, ha de centrarse en la consecución de ese objetivo primordial para que cualquier otro esfuerzo en el sentido de defender la vida del no nacido sea verdaderamente eficaz. Porque el combate sin una jerarquía de objetivos clara y razonable no sólo está condenado al fracaso, sino que es la mejor excusa para la acción de quienes están en contra de la defensa de estos principios esenciales.

Arrancar definitivamente el velo de nuestros ojos frente a esta realidad supone reconocer abiertamente que la defensa de la vida no sólo no es una cuestión de ideologías, sino que es, precisamente, contraria a cualquier ideología. La Revolución no cesa de avanzar desde aquel lejano 1793 vandeano, y lo hace a lomos de la ideología que en cada momento le sirve la oportunidad, ya sea desde el conservadurismo, el liberalismo o el progresismo de todo pelaje. A las pequeñas víctimas de hogaño no se les despedaza con los cascos de los caballos republicanos sino con el frío metal de los aparatos quirúrgicos. No son ahogados en los ríos de la comarca, sino que mueren ahogados en su propia sangre. Sus restos no desaparecen entre las ruinas del templo o en el fondo de la ciénaga, sino en una moderna estación de tratamiento de residuos. Pero el hecho sigue siendo, en lo fundamental, el mismo; la Revolución es el primer enemigo del hombre. Desde antes, incluso, del milagroso instante de su concepción.

Así pues, quien tenga oídos para oír que oiga.